Crímenes de lesa humanidad

Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU visitó Venezuela en noviembre de 2017, se reunió con todos los sectores de la sociedad y elaboró un informe en el que afirma que “[l]a solución de la «crisis» venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones”.

De Zayas sugirióalos Estados Partes en el Estatuto de Roma “reconocer los crímenes geopolíticos, entre éstos las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa humanidad”. Plantea que “la guerra económica, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional” por cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La guerra económica contra el pueblo venezolano es cada vez más criminal: por una parte, Donald Trump formalizó el bloqueo financiero al sancionar a la principal empresa, Petróleos de Venezuela, la que genera más del 90% de las divisas del país, y por la otra nos han manipulado y atacado en 128.466.566% el valor del bolívar desde el año 2013. Ese año se ubicaba alrededor de 0,00009 BsS/US$, ayer lo marcaron en 115,62 BsS/US$.

¿Qué estamos esperando para denunciar ante la Corte Penal Internacionalel asedio, las agresiones y las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano?

¿Qué esperamos para introducir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución en el que se solicite a los países miembros se pronuncien para que levanten el bloqueo financiero internacional y cese el ataque contra la moneda venezolana?

En la 72 ° Asamblea General de la ONU que iniciará esta semana, solicitemos que se invoque el artículo 96 de la Carta de la ONU para que a través de la Corte Internacional de Justicia se reconozca de una vez por todas, y así quede expresamente establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias son crímenes de lesa humanidad.